Gastón Hissa presentó un proyecto para actualizar la Ley de Coparticipación a los municipios

Gastón Hissa presentó este miércoles un proyecto de ley que plantea modificaciones en la Ley Nº XII-0351-2004 que rige la distribución de los recursos a los municipios sanluiseños.

El legislador tuvo en cuenta que el marco legal vigente en su momento buscaba "modernizar, simplificar y unificar en un solo cuerpo normativo el régimen de coparticipación municipal de aquel entonces”. Se elevó a un 20% el porcentaje de la distribución primaria correspondiente a los municipios; de los cuales 16% se distribuye en forma automática, 3,5% se afecta al Fondo Municipal de Saneamiento y Desarrollo (FOMSD) y el 0,5% al Fondo de Aportes del Tesoro Provincial (ATP)”.

En ese sentido, el legislador expresó que si bien, en aquella oportunidad se pudo haber generado una mejora de las finanzas de las comunas, "la desactualización de los parámetros para llevar a cabo la distribución primaria exige una urgente revisión".

Otro de los puntos que expuso en el proyecto es que el Gobierno de Rodríguez Saá “eliminó los programas fiscales que morigeraban los efectos adversos que produjo el transcurso del tiempo, como así también la pretensión de no coparticipar a los municipios los recursos provenientes del cobro de la deuda histórica que mantiene la Nación con motivo de la incorrecta integración de la coparticipación federal durante los años 2003 a 2015”.

El régimen de coparticipación municipal fue cuestionado siempre y todavía se sostiene que San Luis es “una Provincia rica con municipios pobres”. Ello en función del reparto de la torta de recursos.

"La realidad exige una reforma urgente e inmediata, que alivie las finanzas municipales, reparando las distorsiones generadas por el paso del tiempo, mediante la modificación de los artículos 3º y 21 de la ley", sostuvo Gastón Hissa que se postula como candidato a intendente de la capital por el opositor Frente San Luis Unido.

De todos modos, el legislador no pierde de vista “la conveniencia de una revisión integral del actual régimen”.

Uno de los aspectos que debe resolverse, según describió en los fundamentos, es el que está vinculado al FOMSD que se constituye con el 3,5% de la masa coparticipable. El texto vigente dice que la afectación se realizará hasta que el Fondo acumule la suma $30 millones a partir del cual, el excedente se incorpora al erario provincial, es decir queda bajó jurisdicción del Gobierno.

Hissa advierte que “habiéndose acumulado con creces hace ya varios años el monto techo del Fondo, el 3,5% de la masa coparticipable se transfiere sin más a favor de la Provincia, convirtiendo en estéril la disposición del inciso `b` del artículo 3º que establece que el 20% de la masa coparticipable debe distribuirse a los municipios”.

Para “velar por el cumplimiento de la del espíritu de la ley y evitar una disposición retórica e incluso contradictoria”, auspicia la modificación de la norma para que el excedente una vez acumulado los $30 millones del Fondo Municipal de Saneamiento y Desarrollo se distribuya entre las comunas.

En los hechos promueve la modificación del artículo 3º de la Ley Nº XII-0351-2004.

Quiere que en el futuro la distribución de la masa coparticipable se haga de la siguiente manera: el 80% en forma automática para la Provincia; y el 20% se distribuya en un 16% en forma automática para el conjunto de las intendencias, el 3,5% para el FOMSD (las imposiciones del fondo se acumularán hasta un tope de $30 millones). Y el 0,5% restante se destine para el fondo de los ATP: "El saldo al cierre de cada ejercicio fiscal que no hubiera sido utilizado, se distribuirá entre las intendencias dentro de los 30 días corridos de cerrado el mismo".

Al mismo tiempo quiere reformar la regulación de los Aportes del Tesoro Provincial.

"Es de público conocimiento el uso político que, de tales aportes, hacen los actuales funcionarios del Ejecutivo Provincial, beneficiando a municipios alineados o aliados partidariamente en detrimento del resto, cuando deben estar destinados a atender situaciones de emergencia. No es aceptable, que, malversando su destino, se utilicen con total discrecionalidad como una suerte de premios y castigos que pretenden la obediencia irrestricta, y a su vez, se excluya a los que tienen otro color político partidario", argumentó.

Para poner freno a cualquier tentación de excesos introduce “una obligación legal consistente en fundar debidamente los casos de emergencias que justifiquen el otorgamiento del aporte”

Pidió que se agregue como segundo párrafo del artículo 21 que "el acto administrativo de otorgamiento del aporte debe ser debidamente fundado y dentro de los cinco días de dispuesto un ATP, el Poder Ejecutivo deberá enviarlo a la Cámara de Diputados con el objetivo del control del destino de los recursos. En caso de que se resuelva que no concurrieron los supuestos legales, se ordenará al Gobierno reintegrar las sumas al fondo de ATP y, en caso de que ya hubiere sido transferido, afrontar la erogación con el Tesoro Provincial, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas y penales que le pudieren caber a los funcionarios que intervinieron en el trámite.”